En la historia de Argentina, la exigencia de transparencia en la administración de fondos públicos ha sido un clamor constante. Desde los tiempos de la Revolución de Mayo, el pueblo ha demandado claridad sobre el uso de los recursos estatales. Sin embargo, más de dos siglos después, esta demanda sigue siendo un desafío vigente, especialmente en el ámbito de las tasas municipales.
La recaudación de fondos públicos se basa principalmente en los impuestos aportados por los contribuyentes. Aunque existen ingresos marginales como la venta de tierras, permisos y licencias, estas fuentes no pueden satisfacer las necesidades de los gobiernos en sus diversos niveles. En un contexto de apremios presupuestarios, los municipios han incrementado su dependencia de las tasas, muchas veces desnaturalizando su propósito original.
Tasas municipales: su propósito y distorsiones actuales
En teoría, las tasas municipales deben ser contribuciones económicas en contraprestación por servicios efectivamente prestados, como alumbrado, barrido, limpieza o seguridad e higiene. No obstante, en la práctica, muchas municipalidades han convertido estas tasas en una herramienta para financiar el gasto público, desvirtuando su naturaleza. Al hacerlo, se convierten en verdaderos impuestos disfrazados, algo que excede las facultades legales de los municipios.
Casos como la creación de tasas viales sobre combustibles, ecotasas para turistas, y alícuotas desproporcionadas en la Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) ilustran esta problemática. Estas medidas suelen aplicarse sin una correlación clara entre el monto cobrado y el servicio efectivamente prestado, afectando desproporcionadamente a los ciudadanos y a las empresas.
Limitaciones legales y violaciones frecuentes
La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (Ley 23.548) establece límites claros a las facultades tributarias de los municipios. Según esta normativa, los municipios solo pueden cobrar tasas retributivas por servicios efectivamente prestados y tienen prohibido gravar materias imponibles ya sujetas a impuestos nacionales. Sin embargo, en la práctica, muchos municipios vulneran estas disposiciones al crear gravámenes análogos a impuestos federales.
Además, la justicia argentina ha sido indulgente al permitir que los municipios consideren la capacidad contributiva del ciudadano para determinar el valor de las tasas. Este criterio, más apropiado para la determinación de impuestos, resulta inapropiado en el caso de tasas retributivas, cuyo monto debería guardar proporcionalidad con el costo del servicio.
La defensa de los intendentes y los desafíos de financiamiento
Los intendentes argumentan que las transferencias insuficientes de las provincias han obligado a los municipios a buscar alternativas para financiar sus gastos. Si bien es cierto que muchas funciones provinciales han sido delegadas a los municipios sin los recursos correspondientes, esta situación no justifica la violación de la ley ni el aumento desproporcionado de las tasas.
Hacia una solución sostenible
Para garantizar un sistema fiscal más justo, es necesario avanzar en la elaboración de una nueva Ley de Coparticipación Federal que contemple indicadores objetivos de distribución y promueva la responsabilidad fiscal. Mientras tanto, los municipios deben ajustarse a los criterios establecidos en la normativa vigente, limitando sus ingresos a tasas retributivas de servicios efectivamente prestados y reclamando, si corresponde, una distribución más equitativa de los fondos provinciales.
Además, es crucial mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración municipal. Solo una gestión responsable, acompañada de un marco legal claro y respetado, permitirá alcanzar un equilibrio entre las necesidades de financiamiento de los municipios y la protección de los derechos de los contribuyentes.
Cumplir con la ley y respetar los principios constitucionales no solo fortalecerá la confianza ciudadana, sino que también contribuirá al desarrollo sostenible y equitativo de nuestras comunidades.