La corrupción sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo en América Latina, impactando gravemente la estabilidad económica, social y política de la región. Desde la desviación de fondos hasta la manipulación de contratos públicos, las prácticas corruptas no solo obstaculizan la prestación de servicios esenciales, sino que también alimentan la desconfianza ciudadana y perpetúan desigualdades estructurales.
Un reciente informe de Transparencia Internacional (2023) pone de manifiesto que el 66% de los ciudadanos en América Latina perciben la corrupción como un problema severo en sus gobiernos locales. Este dato subraya un desafío complejo que afecta tanto a la administración pública como a los ciudadanos que dependen de los servicios básicos. En países como México, el impacto de la corrupción alcanzó aproximadamente 50 mil millones de dólares en 2022, lo que equivale al 4% del PIB, mientras que en Perú, los sobrecostos y desviaciones en proyectos de infraestructura han generado pérdidas de más de 12 mil millones de dólares en la última década.
El impacto tangible de la corrupción en los gobiernos locales
La corrupción en el ámbito local tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, afectando la eficiencia de los servicios públicos, la calidad de la infraestructura y la distribución de recursos esenciales. En Argentina, el caso de los “Cuadernos de las Coimas” destapó un esquema de sobornos por más de 160 millones de dólares relacionados con contratos de obra pública, exponiendo cómo estas prácticas erosionan la confianza ciudadana y afectan directamente el desarrollo local.
En Colombia, un estudio del Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales (IEPRI) reveló que más del 50% de los ciudadanos creen que el soborno es una práctica común en las instituciones locales. Esto refleja una percepción pública de ineficiencia y corrupción que dificulta la relación entre la ciudadanía y los gobiernos locales, perpetuando una cultura de desconfianza y escepticismo.
La corrupción no solo desvía recursos económicos, sino que también agrava problemas sociales. En Ecuador, la mala gestión y los desvíos de fondos han afectado proyectos de salud y educación, dejando a comunidades vulnerables sin acceso a servicios básicos. Estos problemas son especialmente evidentes en las áreas rurales, donde la falta de transparencia y control adecuado en la gestión pública tiene un impacto desproporcionado.
Barreras estructurales: La falta de transparencia y rendición de cuentas
El Banco Mundial destaca que la falta de sistemas efectivos de auditoría y control interno es una de las principales barreras para combatir la corrupción en los gobiernos locales. Según el organismo, solo el 38% de las entidades públicas en América Latina cuentan con mecanismos de auditoría internos robustos, lo que limita significativamente su capacidad para detectar y prevenir prácticas corruptas. Esta falta de supervisión permite que las irregularidades financieras y administrativas prosperen sin consecuencias inmediatas.
Otro factor que contribuye a la perpetuación de la corrupción es la falta de mecanismos transparentes de rendición de cuentas. La ausencia de políticas claras y sistemas para reportar irregularidades desalienta tanto a los ciudadanos como a los empleados públicos de denunciar prácticas corruptas. En muchos casos, la falta de protección para los denunciantes y el temor a represalias perpetúan el silencio y la impunidad.
Herramientas para combatir la corrupción: La norma ISO 37001
Frente a este panorama desalentador, la adopción de herramientas internacionales como la norma ISO 37001 emerge como una solución estratégica. Este estándar de gestión anti-soborno proporciona un marco sólido para prevenir, detectar y abordar prácticas corruptas, ayudando a las organizaciones públicas y privadas a establecer una cultura de integridad y transparencia.
¿Qué es ISO 37001?
La norma ISO 37001 establece directrices claras para:
- Desarrollar políticas y procedimientos específicos contra el soborno.
- Implementar controles financieros y no financieros.
- Capacitar a empleados y funcionarios para identificar y reportar actividades sospechosas.
- Realizar auditorías internas y externas periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas.
- Establecer mecanismos seguros y confidenciales para denunciar irregularidades.
En países como Brasil y Chile, la adopción de esta norma ha demostrado ser efectiva. La implementación de ISO 37001 ha permitido a las instituciones públicas mejorar sus controles internos, reducir los riesgos de soborno y fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia. Además, el cumplimiento con esta norma ha mejorado la percepción pública de las instituciones, fortaleciendo la confianza ciudadana.
Beneficios para los gobiernos locales
La adopción de ISO 37001 ofrece múltiples beneficios:
- Mayor transparencia: Las políticas claras y los sistemas de control interno robustos reducen significativamente la probabilidad de irregularidades.
- Confianza ciudadana: Al demostrar un compromiso con la ética y la integridad, los gobiernos locales pueden reconstruir la confianza perdida con sus ciudadanos.
- Eficiencia operativa: Los controles establecidos no solo combaten la corrupción, sino que también optimizan la gestión de recursos, mejorando la eficiencia en la prestación de servicios.
- Reducción de riesgos: Las auditorías regulares y la capacitación del personal permiten identificar y abordar vulnerabilidades antes de que se conviertan en problemas significativos.
- Atracción de inversiones: Los gobiernos locales que adoptan estándares internacionales generan un entorno más favorable para la inversión, lo que puede impulsar el desarrollo económico regional.
Construyendo un futuro más transparente y ético
La corrupción es un desafío complejo que exige un enfoque integral y sostenido. Aunque no existe una solución única, herramientas como la norma ISO 37001 proporcionan un marco sólido para avanzar hacia una administración pública más ética y eficiente. Los gobiernos locales que adoptan esta norma no solo fortalecen su capacidad para combatir el soborno, sino que también envían un mensaje claro de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
En un momento en que América Latina enfrenta crecientes demandas por parte de sus ciudadanos para mejorar la calidad de los servicios públicos y garantizar la equidad, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad central. Implementar ISO 37001 es un paso esencial hacia ese objetivo, permitiendo a las instituciones locales liderar el cambio y construir un futuro más justo y sostenible para todos.
Fernando Arrieta es director regional de G-Certi Global Certification.