La corrupción en América Latina sigue siendo un flagelo persistente que impide el desarrollo equitativo y sostenido en la región. Este problema estructural afecta tanto a los sectores públicos como privados, desviando recursos esenciales que podrían destinarse a educación, salud e infraestructura, y perpetuando ciclos de desigualdad y desconfianza social. Más allá de su impacto económico, la corrupción también mina los pilares fundamentales de la democracia y la gobernanza, exacerbando la fragilidad institucional en numerosos países.
El impacto económico de la corrupción
El impacto económico de la corrupción es alarmante. Según el Banco Mundial, en 2023, la corrupción costó a los países de la región un promedio del 2% de su PIB anual. En México, las pérdidas económicas asociadas a prácticas corruptas alcanzaron los 50 mil millones de dólares en 2022, representando un 4% del PIB del país, de acuerdo con Transparencia Internacional. Estas cifras reflejan no solo los recursos desviados, sino también las oportunidades de desarrollo desperdiciadas.
En Perú, la corrupción vinculada a proyectos de infraestructura ha generado pérdidas de hasta 12 mil millones de dólares en la última década, según el Instituto de Defensa Legal (IDL). En Argentina, el caso de los «Cuadernos de las Coimas» reveló pagos ilícitos por más de 160 millones de dólares, desviando recursos destinados a la mejora de infraestructura y erosionando la confianza pública en las instituciones.
Consecuencias locales y sociales
A nivel local, la corrupción debilita los servicios públicos esenciales, como salud, educación y seguridad, afectando directamente la calidad de vida de la población. En Ecuador, por ejemplo, fondos destinados a proyectos de salud y educación han sido desviados debido a prácticas corruptas, lo que impacta negativamente en el bienestar de las comunidades más vulnerables.
La falta de transparencia y controles internos permite que estas prácticas se perpetúen. Esto no solo afecta la capacidad de los gobiernos para gestionar recursos, sino que también contribuye a una percepción de impunidad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional, América Latina sigue siendo una de las regiones más afectadas por la corrupción, con varios países en los niveles más bajos de transparencia.
Estrategias para fortalecer la transparencia y combatir la corrupción
Enfrentar la corrupción requiere la implementación de mecanismos sólidos de gestión anticorrupción. Una herramienta eficaz es la norma ISO 37001, que ofrece un marco estructurado para prevenir, detectar y abordar el soborno y otras prácticas corruptas. Esta norma establece lineamientos claros para desarrollar políticas anti-soborno, realizar auditorías regulares y proporcionar capacitación continua al personal.
ISO 37001 también incluye la creación de controles internos rigurosos, canales seguros para reportar sospechas de corrupción y evaluaciones periódicas de riesgos para identificar áreas vulnerables. Estas medidas no eliminan completamente el riesgo, pero ayudan a las instituciones públicas a gestionar y reducir significativamente los casos de corrupción, promoviendo una cultura de ética y responsabilidad.
Impacto positivo de la adopción de ISO 37001
La adopción de esta norma fomenta la transparencia y la rendición de cuentas, elementos clave para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos. Además, establece estándares claros que benefician tanto a las instituciones como a la población. Municipalidades que han implementado ISO 37001 han reportado mejoras en la eficiencia operativa y una mayor confianza por parte de los ciudadanos, creando un entorno propicio para el desarrollo sostenible.
Conclusión
La corrupción sigue siendo un desafío crítico en América Latina, con repercusiones económicas, sociales e institucionales. Sin embargo, herramientas como la norma ISO 37001 ofrecen un camino claro hacia una gobernanza más ética y eficiente. Al adoptar estas prácticas, las municipalidades pueden fortalecer su integridad, recuperar la confianza ciudadana y avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.
El autor es director regional de G-Certi Global Certification.